Las últimas incidencias en torno al Instituto Navarro del Vascuence-Euskarabidea ofrecen dos niveles de análisis. Más allá de las diferencias personales o profesionales entre los dos protagonistas de esta crisis (Xabier Azanza, director gerente, y Mikel Aranburu, director de uno de los dos servicios del órgano), está el futuro de la política lingüística del Gobierno, en la que CDN había apostado fuerte para marcar un cambio de ciclo respecto a la época de UPN y Pedro Pejenaute. La legislatura arrancó con expectativas sobre este giro en una materia tan sensible políticamente y que cuenta con una postura social favorable, según las últimas encuestas. La esperanza se está transformando en duda y habrá que esperar a la vuelta del verano para contrastar promesas y hechos antes de emitir un juicio. El factor presupuestario también es fundamental, ya que una política sin fondos es una mera declaración de intenciones. Y es preocupante que el euskera sea lo primero que se recorta si hay ajuste. No obstante, el capítulo de la destitución de Aranburu tiene también su contenido. El consejero tuvo serias dificultades para encontrar un director para el Instituto y hubo un rocambolesco precedente con un nombramiento nonnato del propio Aranburu. La decisión posterior (repescarlo como uno de los dos pilares) fue salomónica, pero, como se puede comprobar, se ha truncado. Sin entrar a valorar las razones de unos y de otros, el hecho de que ambos directivos no hayan cuajado como equipo es imputable a quien los eligió, que quizá pudiera haber intentado reconducir la situación antes de aplicar el esquema de la jerarquía. Pero, personas al margen, lo más importante es constatar si Euskarabidea es un paso adelante, un paso atrás o un cambiar algo para que no cambie nada. Tiene a su favor haber destensionado el debate lingüístico y normalizado las relaciones con la CAV, pero el talante no sirve para una legislatura entera y hay tres piedras de toque para resolver estas interrogantes: una regulación positiva del euskera en la Administración; la legalización deEuskalerria Irratia y una adecuación de la Ley del Vascuence (o de su interpretación) a las demandas sociales. Educación y su instituto ha agotado ya el crédito y el margen de confianza otorgado por amplios sectores sociales y políticos. A partir de ahora sólo cuentan los hechos.
