desde hace años venimos afrontando varias propuestas de directivas europeas de corte neo-conservador y neoliberal que, por un lado pretenden contrarrestar todo tipo de directivas de carácter social; y por otro lado, erosionar la Europa social que tanto costó construir. El 9 de junio, los ministros de empleo de la UE acordaron una propuesta de la Presidencia eslovena, que permitirá a cada país alterar sus leyes laborales para elevar el tope de la semana laboral de las actuales 48 hasta las 60 horas semanales, incluso a 78 horas para colectivos específicos.

La legislación todavía vigente es un derecho social conseguido con mucho esfuerzo gracias a lucha de los trabajadores europeos, que fue consagrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1917. Ahora mismo, esta proposición, encabezada por Alemania y Gran Bretaña, da la espalda a la trayectoria e historia social europea, y quiere erosionar los derechos laborales conseguidos en occidente durante varios siglos, haciendo un ciclo circular en el que volvemos hacia la tendencia del siglo XIX en Europa (o la actual en buena parte del planeta), en donde los poderes económicos tienen patente de corso para aumentar sus beneficios, con los mínimos controles legales. Esta agresión a las mayorías sociales tendrá importantes consecuencias negativas para nuestra calidad de vida, colectiva y personal.

Los Estados miembros permitirían que se alcancen acuerdos individuales con las empresas, minorizando las legislaciones colectivas y fomentando unas relaciones individualizadas. En esta relación laboral individualizada, no hace falta ser muy listo para saber quién es la parte más débil. Aquí, por ejemplo, esta propuesta atentaría contra la Constitución y el derecho a la negociación colectiva, introduciendo la posibilidad de que una persona renuncie a sus derechos.

El contenido de la propuesta es el siguiente:

1. Volver a definir el concepto de tiempo de trabajo.

2. Incrementar la jornada laboral a 60 horas y 65 ó 78 horas semanales para los colectivos on-call (servicios de emergencia, sanitarios, etc.): actualmente está en vigor la Directiva 104/93/CE de Ordenación del Tiempo de Trabajo, que establece el máximo de 48 horas semanales en todos los países miembros de la UE. Muchos países como Francia y España han adaptado la actual directiva fijando máximos inferiores: 35 y 40 horas semanales respectivamente.

3. Se introduce la llamada cláusula opt-out (propuesta realizada por Inglaterra): se trata de un pacto privado por el cual, el trabajador o trabajadora y la empresa pueden firmar un incremento de la jornada laboral. Sospechosamente, esta cláusula podría aplicarse una semana después de haberse firmado el contrato laboral. Esta medida ahonda, claramente, en la precarización del empleo y asienta la individualización de las relaciones laborales, al permitir que las empresas impongan de forma individual a cada trabajadora su tiempo de trabajo, mediante la aplicación de las cláusulas opt-out .

Ahora, con esta propuesta de la Comisión Europea, se pretende incrementar la jornada laboral mediante cláusulas opt-out , lo que permitiría alcanzar las 60 horas semanales para cualquier sector laboral, y prevé (para los colectivos de los servicios de urgencias y médicos) la posibilidad de ampliar su jornada hasta las 65 horas, mediante acuerdo privado; e incluso hasta 78 horas semanales cuando así lo recoja un convenio colectivo. Esta fórmula busca legitimar y ocultar un incremento efectivo de la jornada laboral de hasta las 78 horas semanales, prácticamente el doble de lo actualmente permitido. Y aún conservando la jornada de 48 horas semanales, modificar el periodo de referencia para su cómputo. Se retiran las salvaguardas que existían y establece un período de cómputo de doce meses. De esta forma, la jornada no sería de 48 horas semanales, sino que esto sería la media anual por semanas, permitiendo a las empresas imponer jornadas mucho más amplias a los trabajadores, turnos irregulares, etc. Cuanto mayor es el período, mayor es el riesgo de que los trabajadores se vean sometidos a jornadas laborales abusivas.

Cualquier persona, con un cierto pensamiento crítico, conciencia social y que sepa el funcionamiento del mercado laboral, puede ver la gravedad de estas medidas. Por todo ello, es necesario frenar en todos los niveles estas propuestas. Desde las instituciones: los pronunciamientos de los plenos de los ayuntamientos, gobiernos autonómicos y Congreso de los Diputados. Exigir a los eurodiputados el voto contrario a esta propuesta, cuando acudan al Parlamento Europeo: cabe recordar que el Ministro de Trabajo español se abstuvo en la votación de la reunión de los 27. Desde el sindicalismo y la sociedad en general, hay que requerir a los grandes aparatos sindicales que conforman la Confederación Europea de Sindicatos que es el momento de plantear protestas ya. ¿Por qué no una convocatoria de huelga europea? ¿A qué espera la CES y sus miembros?

El contexto no es el más adecuado, con una crisis económica internacional que no sabemos hasta dónde llegará, y que como en otros momentos de la historia europea trae consigo reacciones de pensamiento muy peligrosas en las bases más humildes y bases trabajadoras del continente, tendentes a reducir las solidaridades, las medidas igualitarias, y buscando chivos expiatorios como hemos visto con la directiva europea de retorno de inmigrantes.

* Miembro de ESK, también firma Iñaki Redín, de STEE-EILAS.