Estella-lizarra. El Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona se ha inhibido y ha trasladado las diligencia del caso Murugarren a uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Estella, quien tendrá que investigar, entre otras cosas, si en el trasfondo de las irregularidades detectadas por el Ministerio Fiscal en dos obras públicas ejecutadas entre 2003 y 2007 podría haber intereses urbanísticos de alguno de los anteriores miembros del Concejo e, incluso, de algún familiar.

Y es que, hay algunas fincas que, al parecer, podrían haberse revalorizado precisamente al ejecutarse estos trabajos, como se recordará, el encauzamiento del barranco de Unzalín y el acondicionamiento del barranco de San Cristóbal, presupuestados en más de un millón de euros.

Como se recordará, hay seis personas implicadas en este asunto por el Ministerio Fiscal y, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS, las denuncias cursadas tienen su origen en presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. De momento, se desconoce en qué medida afecta a los seis denunciados cada una de estas figuras delictivas.

En total, el Concejo recibió, sólo para realizar estas dos obras, más de 750.000 euros de subvenciones por parte del Gobierno de Navarra entre 2004 y 2007 para un coste total superior al millón de euros. Al parecer, hay presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y subvención de estos trabajos, por los que se ha implicado a la ex presidenta del Concejo, a dos antiguos ediles, al responsable de la sección de Restauración de Riberas y Obras Hidráulicas del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra; al representante de la empresa adjudicataria de estas dos obras; y al director de obra en ambos proyectos.

Como ya informó este periódico, en la investigación llamó la atención que cuatro de las cinco fases de las obras se adjudicasen mediante el procedimiento de urgencia, un mecanismo excepcional que tienen las administraciones para casos extremos en los que, por ejemplo, peligre la vida de las personas o la seguridad pública. Las dos obras investigadas se ejecutaron en diferentes anualidades (2003 y 2004 el barranco de Unzalín; y 2005, 2006 y 2007 el barranco de San Cristóbal), por lo que no parece que el procedimiento de emergencia que se utilizó con asiduidad en Murugarren esté justificado.

la solvencia del concejo Otra de las dudas que queda por resolver en esta investigación es cómo el Concejo podía obtener subvenciones del Gobierno foral y cómo demostraba su solvencia económica, un requisito obligatorio por ley para poder acceder a las convocatorias.

Esa solvencia choca con la situación de actual endeudamiento que atraviesa esta pequeña localidad del Valle de Yerri y que, según los actuales miembros del Concejo, podría rondar la cifra de 1,2 millones de euros para una población que no llega a noventa vecinos.

Entre otros asuntos, también tendrá que determinar el Juzgado si, como parece, se otorgaron subvenciones a estas obras cuando había algunas unidades sin ejecutar. Según una valoración técnica independiente que solicitó el nuevo Concejo tras su toma de posesión en junio del año pasado, había una tala inexistente de 117 árboles y movimientos de tierra no realizados, por citar sólo dos ejemplos de actuaciones no ejecutadas en ambas obras. >d.n.