tudela. PSN e IU exigirán a Luis Casado responsabilidades políticas si finalmente, como todo parece indicar tras la negativa del Gobierno de Navarra, se anula el proyecto de la Ecociudad de Tudela que se proyectaba construir en la carretera de Corella, a unos 4 kilómetros de Tudela. Así lo aseguraron ayer en sendos comunicados ambas formaciones políticas.
Desde el PSN se mostraron satisfechos de esta posibilidad, "con la esperanza de que Tudela pueda librarse por fin de ese grave sinsentido urbanístico. Pero, cuando se confirme definitivamente, será hora de evaluar los costes económicos y políticos que ha supuesto para Tudela esta incomprensible obcecación de nuestro alcalde". En opinión de su portavoz, Manuel Campillo, "hay una especie de huida hacia delante. Es sorprendente que el propio presidente del Gobierno salga a la opinión pública a mostrar su opinión contraria. Las consecuencias son más políticas que económicas, en el sentido de que estos tres años están perdidos y no de gasto de partidas específicas pero una parte de la energía política y administrativa se ha dedicado a este proyecto en lugar de a otras tareas. Luis Casado con esta iniciativa ha roto lo razonable y en su momento habrá que pedir las responsabilidades que correspondan".
En este sentido recordó que en los últimos presupuestos, aprobados a finales de marzo, "la partida más importante correspondía a la Ecociudad y ascendía a casi dos millones de euros".
Por su parte, Izquierda Unida apuntó que "este proyecto fallido no puede quedar impune", razón por la que exigieron al alcalde de Tudela "responsabilidades políticas, tanto por su obstinación en un proyecto sin sentido, como por la ocultación o, al menos retraso, de la información que disponía el Ayuntamiento desde hace meses".
Desde su grupo parlamentario se ha pedido a Ordenación del Territorio que presente el informe contrario a la Ecociudad y, además, se ha realizado una pregunta parlamentaria dirigida al consejero de Ordenación del Territorio por la que quieren conocer las razones para que el informe haya tardado un año desde que se entregara el proyecto en 2007.