burlada. La contratación pública puede convertirse en un instrumento de cohesión social que vaya calando poco a poco en un modelo de sociedad más justa. Así lo entiende el equipo de gobierno municipal en Burlada que acaba de blindar el condicionado de un nuevo contrato para introducir en él cláusulas sociales con las que primar la calidad en el empleo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad o la subcontratación con empresas de inserción o centros especiales de empleo.

El concejal delegado de Bienestar Social Josean Villanueva (NaBai) se muestra optimista con este arranque como un primer paso importante donde los ayuntamientos se quitan complejos en la toma de decisiones a favor de una gestión más humana que por otro lado goza de cobertura legal. Las trabajadoras familiares que refuercen el servicio de atención domiciliaria en Burlada se acogerán a este nuevo modelo de contratación que persigue la "inserción sociolaboral de personas con dificultades de acceso al empleo". El actual servicio municipal atiende principalmente a personas mayores y la idea no es privatilizarlo sino complementarlo. La apuesta por este tipo de contrato "nos aporta un valor añadido al proceso de adjudicación: gestionamos de manera eficiente el presupuesto ya que, a la vez que cubrimos una necesidad, contribuimos a objetivos más amplios en nuestras políticas", remarca Villanueva.

Con estas mimbres, y la colaboración y asesoramiento de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, se pretende reforzar con 3.400 horas anuales adicionales un recurso que ahora presta de manera directa el Ayuntamiento. El Consistorio cuenta en la actualidad con cuatro trabajadoras familiares en plantilla.

"Lo que pretendemos es que no entre una empresa comercial que en la práctica no reparta riqueza. En este sentido, la experiencia hasta ahora con empresas como Gaztelan ha sido muy positiva, con gente muy motivada, de difícil empleabildad pero con mucha experiencia en el cuidado de personas, lo que a su vez repercute en la calidad del servicio", destaca Villanueva. El presupuesto máximo para esta actividad en el 2009 será de 56.440 euros a un costo de 16,60 euros la hora. La fórmula de adjudicación tendrá en cuenta la figura de reserva de contratos a entidades de carácter social que ya prevé el artículo 9 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de Contratos Públicos, por lo que solamente podrán participar aquellas empresas cuya mayoría de trabajadores sean discapacitados. Las empresas licitadoras deberán acreditar estar legalmente autorizadas como Centros de Inserción Sociolaboral (dirigido a dar oportunidad a personas con discapacidad) o Centros Especiales de Empleo (integración de personas con riesgo de exclusión social o dificultades de empleabilidad). La contratación pública constituye un "eficaz instrumento de política social", indica.